ANTONIO LEDEZMA Y LA CORRUPCIÓN COMO ACUMULACIÓN DELICTIVA DE CAPITAL

Fernando Vuteff  yerno de Antonio Ledesma

Fernando Vuteff yerno de Antonio Ledesma


Por Rebeca M. Westphal
A través de la Operación Carabela, dirigida por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional de España, con el seguimiento del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para desmantelar tramas de corrupción y vincularlas con el Estado venezolano, fue detenido el argentino Luis Fernando Vuteff García, yerno del dirigente de oposición Antonio Ledezma, por estar involucrado en el blanqueo de capitales dentro en España.

La captura está relacionada, según información proporcionada por el diario ABC, a las investigaciones en torno al caso de Nervis Villalobos, ex funcionario de PDVSA que participó en el saboteo y corrupción de la institución petrolera venezolana.

La aprehensión de Vuteff fue realizada el miércoles 17 de octubre, junto con la de otras tres personas, pero su conexión familiar directa con el político Antonio Ledezma ha distraído el empeño de adjudicar el origen de las tramas de corrupción a la dirigencia chavista.

Pues al empresario argentino, que durante 2017 estuvo presente junto a su esposa en las giras políticas de Ledezma con los mandatarios de España y Argentina, se le responsabiliza del blanqueo de dinero a través de inversiones inmobiliarias y de hoteles.

Las averiguaciones indican que lo realizó mediante las decenas de empresas que ha gestionado en España: Columbus One Properties, Columbus One Properties Management, Investment Center Haus, Girasol del Valle, Columbus One Properties Commercial Hotels SL y Bornova Investments SL, son algunas de las que aparecen en el registro mercantil, que el medio Economía Digital ha desvelado y que se enfocan en los “inmuebles de lujo en el barrio de Salamanca, en Madrid, La Moraleja, y urbanizaciones de chalets en la Costa del Sol”.
En el proceso de indagaciones, se hizo el embargo preventivo de 130 propiedades, entre ellas dos edificios de apartamentos, una zona residencial de lujo con más de 40 villas situada en Marbella y decenas de inmuebles en la urbanización de Salamanca. La suma de estos bienes ronda los 72 millones de euros.

Otro dato que muestra, en un caso particular, el fenómeno de enriquecimiento económico acelerado que operadores relacionados con las clases pudientes venezolanas en el exterior han percibido estos últimos años, es la propia inversión que el gestor financiero Vuteff hizo en su vivienda.

Con 162 metros cuadrados, y ubicada en el exclusivo barrio de Salamanca (que recientemente ha sido bautizada como “Little Venezuela” por la cantidad de venezolanos que han invertido en inmuebles allí), la propiedad que adquirió Luis Fernando Vuteff está valorada en 2 millones 100 mil euros.
Nexos (y negación) de Ledezma con el blanqueo de capitales

Antonio Ledezma ha hecho el esfuerzo de separarse del caso, teniendo en cuenta que la agenda mediática corporativa se enfoca en la relación con el ex viceministro de Energía Eléctrica Nervis Villalobos, quien desde el año pasado fue mencionado por el Fiscal General de la República Tarek William Saab en la denuncia de una organización criminal internacional que blanqueó, entre los años 2011 y 2012, 1 mil 348 millones de euros, lesionando gravemente las instituciones estatales venezolanas.

Este individuo, que actualmente está siendo procesado judicialmente en España, forma parte del tramado de corrupción encubierto por la red de extorsión de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz.

Bajo las posibles asociaciones con la organización criminal, Ledezma ha tenido que salir a eludir el deterioro de su credibilidad política en el entorno de la opinión pública opositora, fiel reflejo del cuadro actual que padece la dirigencia de partidos políticos antichavistas. La decadencia es tal, que incluso abre debates improbables en otros tiempos menos hostiles a integrantes de la extinta MUD: cuestionar los orígenes del dinero que financió las reuniones con altos líderes políticos de Estados Unidos, Canadá y España.

El dirigente del movimiento Soy Venezuela busca salir ileso de esta operación que según él debería sólo conducir a la acusación simplificada del gobierno venezolano como autor de la corrupción en el país, amplificando las supuestas evidencias que justificarían una intervención humanitaria, aupada desde el extranjero por el mismo Ledezma.
Acumulación delictiva de capital y fuga de la renta petrolera

En la tarea de aumentar las tasas de ganancia que produce la renta petrolera, beneficiosa aún con las regulaciones instauradas desde el gobierno de Hugo Chávez para contener el saqueo de recursos venezolanos, el sector privado y sus actores políticos más visibles activaron un particular flujo de capitales hacia urbes configuradas como plataformas aptas para recibir capital transnacional de actividades comerciales que van a financiar otros turbios negocios.

Varias ciudades de la zona metropolitana global son elegidas como destino donde llega la extracción delictiva de riqueza que “emprendedores” venezolanos han amasado fortunas, exonerándose de la tarea de dedicar esfuerzos la inversión nacional.

Por muchos años, el sur de Florida recibió el grueso de capitales fugados que fueron al sector inmobiliario, de seguros y financiero. Pero desde la llegada de Trump a la Casa Blanca y las políticas coercitivas que afectan algunos negocios venezolanos, ese capital ha crecido exponencialmente en la ciudad de Madrid.

La inversión de propietarios venezolanos dentro del negocio inmobiliario en España, rentable además por la propia circunstancia económica crítica del país, se puede ejemplificar en adquisiciones del Grupo Cohen que, en marzo de 2017, inauguró un Centro Comercial Sambil en Madrid, invirtiendo 59 millones de dólares, o de Miguel Ángel Capriles, que ha comprado varios edificios en la misma ciudad.

Pero la transferencia de la renta petrolera no se detiene en los países del Primer Mundo. Una parte considerable de esa cuota ha parado en regiones periféricas más próximas a Venezuela. Colombia, Chile y Panamá son otros sitios a los que las ganancias criminales del entramado empresarial venezolano van a multiplicarse.

En Bogotá, 3,9% de las inversiones extranjeras hacia ramos de servicios y manufactura, realizadas entre 2007 y 2017, correspondieron a ciudadanos venezolanos, lo que se traduce en 740 millones de dólares. En el área inmobiliaria chilena representan el 5%, solo superada por los habitantes chilenos. De la capital panameña, es de conocimiento público la implicación de empresarios privados provenientes de Venezuela en las denuncias de los Panamá Papers.

De estas mañas económicas, le es imposible a Antonio Ledezma excluir a su grupo familiar. Él, que a finales del siglo XX se profesionalizó en el oficio de trasladar patrimonio del Estado hacia las arcas privadas de la burguesía local, está al tanto de las dimensiones históricas que tiene la corrupción del sistema capitalista, sobre todo en los países del continente latinoamericano y las mutaciones que tuvo la clase capitalista venezolana con el fin de salvar su condición parasitaria.

Pero esta forma de actuar del sector privado y sus operadores políticos, lo que en realidad describe es un método de acumulación delictiva, particular en Venezuela por el peso que tiene la renta petrolera como factor ordenador de la economía venezolana. Así, la fuga de capitales que ha conquistado zonas pudientes de Madrid, Panamá o Florida, expone con crudeza la naturaleza y composición de una clase capitalista criolla que ha tenido en el acceso a la renta petrolera, turbio en la mayoría de los casos, el medio necesario para lograr su enriquecimiento personal.

El tráfico de influencias por encima de la inversión, la corrupción y el enriquecimiento personal por delante de la situación económica general del país, son aspectos que definen a la clase capitalista venezolana como una que vio su ascenso a grandes fortunas y posiciones de poder sin pasar por el trabajo, el riesgo y la inversión que reclama el espíritu originario del burguesía.

Una forma primitiva de concebir la economía, que al trasladarse a la política y a la coyuntura actual, muestra su síntesis histórica en Antonio Ledezma: capturar nuevamente la renta petrolera pasa por los llamados a la “intervención humanitaria” y por los deseos de ver destruido al país, pues la búsqueda de medios propios para mantener su estatus y calidad de vida tiene 100 años retrasándose, y puede esperar más.

No hay discurso previamente ensayado de rectitud que pueda escudar a Antonio Ledezma. Es lo cerrado del círculo social que opera en la evolución multinacional del crimen de cuello blanco para acumular poder mediante actos ilícitos en la economía, lo que deja fácilmente expuesto a Ledezma. Una ficha sacrificable en la lucha internacional de anticorrupción parcializada, instrumento que sirve de opción política para atacar al Estado venezolano.

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